A mediados de abril el Estado español recibió la –hasta ahora– última visita de los ‘hombres de negro’ de la conocida como Troika, la tríada formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Dos años y medio después de que terminara el programa de rescate supervisado por  este organismo, salvo que aparezca un conejo de no se sabe bien qué chistera, Rajoy, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez o Albert Rivera serán los llamados a intentar cumplir los principales objetivos que la Unión Europea persigue para España o a plantear una alternativa.

¿Cuáles son esos objetivos? En la jerga de la Comisión Europea, “el relanzamiento de la inversión, la continuación de las reformas estructurales para modernizar las economías de los Estados miembros, y la adopción de políticas presupuestarias responsables”.

Ser el que puede manejarse en los límites de lo posible es el principal argumento de Rajoy de cara a los representantes del sistema europeo. Su carta del 5 de mayo de 2016 a Juncker, con el recordatorio final de que el Gobierno está dispuesto “a adoptar nuevas medidas, si se requieren” para situar el déficit por debajo del 3% en 2017, muestra hasta qué punto Rajoy sabe plantear su candidatura donde se toman las decisiones.

Bruselas, bien lo sabe Rajoy, no sólo es el todo sino que también son las partes que lo componen, como explica Daniel Albarracín. Este economista, que formó parte del Comité de la Verdad de la deuda pública griega, recuerda que “las élites europeas tienen un mecanismo de solidaridad”. Esas élites “se amparan en los ‘dictados de Bruselas’ para ‘hacer lo que no queda más remedio que hacer’. Mientras Bruselas sabe de sobra que quien determina el rumbo de esta UE intergubernamental es una serie selectiva de países”. Un grupo en el que la Alemania de Angela Merkel ejerce de centro pero en el que todas las piezas importan.

Así, tras la estética de poli malo-poli bueno a la que se han abonado personajes como Pierre Moscovici (comisario de Economía), Jeroen Dijssel­bloem (presidente del Eurogrupo), Thomas Wieser (jefe del Grupo de Trabajo del Eurogrupo), o el presidente del BCE, Mario Draghi, lo que hay de fondo es un entendimiento entre Gobiernos afines y desconfianza o directamente castigo a los Gobiernos no amigos (véase Grecia). El gesto de la Comisión de dar un respiro a Rajoy como respuesta a su carta a Juncker se entiende como la voluntad de esa tropa de élite de intentar “evitar un castigo electoral adicional al PP”, valora Albarracín.

Milagro o “puta suerte”

En una intervención que fue manipulada por el programa de humor El Intermedio, el ministro de Hacienda, con frases especialmente macarras que nunca dijo –“España tiene puta suerte cuando gobierna el puto Partido Popular”– replicaba a Iñigo Errejón (Podemos), que cuestionaba su política de restricción presupuestaria. Eran imágenes y sonido tomados de la sesión de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del 7 de abril. Montoro aseguraba entonces, con sus propias palabras, que su Gobierno está “im­pul­­sando el crecimiento económico y la creación de empleo”.

La principal noticia es que ambas cosas son ciertas, por más que haya que matizar la segunda de las afirmaciones. La clave será saber cuánto durará ese milagro de crecimiento y, la gran pregunta, quiénes serán los responsables de hacer cuadrar las cuentas a partir del 26J: impulsar el crecimiento, crear empleo… y al mismo tiempo reducir el déficit público tal y como están obligados a hacer los países de la UE.

Con el 3,5% de crecimiento del PIB con el que se cerró 2015, el Estado español ha tirado del carro europeo. Las tres primeras economías de la zona euro apenas han crecido por encima del 1% y la segunda, Francia, está en una dinámica de recortes de derechos laborales y movilización social como la que vivió España en 2010-2012.

Para el próximo Gobierno, “a priori el momento aparenta ser propicio”, considera el economista Antonio Sanabria: “La economía española aún se recupera de la crisis, pero 11 trimestres consecutivos de crecimiento han dejado atrás la recesión”, ahonda Sanabria, quien recuerda en este artículo en Diagonal, que “el paro sigue muy elevado, pero el ritmo de creación de empleo se mueve a tasas no vistas desde antes de la crisis”.

Hasta aquí las buenas noticias. Sanabria explica que hay varios “desequilibrios, tanto internos como externos sin resolver”. Entre los internos, el principal “y por tanto el más abandonado hasta ahora por el Gobierno es el triángulo desempleo-pobreza-desigualdad”, apunta.

En segundo lugar, destaca el desequilibrio generado por el elevado nivel de deuda privada. En el último trimestre de 2015, la suma de la deuda de hogares y empresas se sitúa en el 176% del PIB. El 107% corresponde a las empresas, pese al desapalancamiento que se ha hecho por la vía del abaratamiento del despido. En un contexto económico de agotamiento, el crecimiento que se está presentando “se levanta sobre pies de barro”, explica Daniel Albarracín.

Una de las claves ocultas de los números que Rajoy ha mostrado en Europa es la fuerte destrucción de empresas que ha tenido lugar en su periodo de Gobierno. Para Albarracín, el ajuste realizado ha favorecido a las empresas multinacionales, “que ocupan el lugar de otras muchas que han desaparecido”, y que han sido las primeras beneficiadas, junto con los principales bancos, del “marco monetario ultraexpansivo y la microburbuja originada por la política del BCE”.

La economista Cristina Carrasco recuerda además que “el PIB es un indicador de producción de mercado, no de producción total y menos de bienestar. Por tanto, el aumento del PIB puede estar indicando producciones no de bienes o servicios que tiendan a cubrir necesidades básicas de las personas, puede estar significando un mayor deterioro del medio ambiente con destrucciones, contaminaciones, etc. y de manera importante, una mayor precariedad y un incremento del tiempo de trabajo de mercado para los que tienen un empleo”.

El trabajo y las rentas

Casi al mismo tiempo que el presidente del Gobierno en funciones enviaba su carta a Jean Claude Juncker, la Comisión Europea divulgaba el Informe sobre España 2016, un “documento de trabajo de los servicios de la Comisión” que pondera las políticas seguidas por el Estado español y establece recomendaciones sin carácter vinculante. La creación de empleo, “a ritmos muy intensos”, según Rajoy escribe en la carta a Jean Claude Juncker, se ha producido “en un contexto de moderación salarial continuada”, como reconoce la Comisión Europea.

Leer: Trabajamos más, tenemos más paro, cobramos menos

Estas medidas han permitido a Rajoy presentar en su carta a Juncker unas cifras aseadas de reducción del desempleo. El paro ha caído en cuatro años en más de 650.000 personas y se han creado 600.000 puestos de trabajo. Al margen de la pequeña “trampa” que esconde ese cálculo –se han volatilizado 50.000 empleos por el cómputo como inactivos de parte de la población en paro de muy larga duración–, lo cierto es que la Comisión Europea valora positivamente la reforma laboral de 2012, que Rajoy destaca en su carta a Juncker, pero limita los cálculos sobre su alcance. De no haber habido reforma laboral, dice la Comisión, se habrían destruido otros 400.000 puestos de trabajo pero ya se estaría creando empleo.

Otro ‘éxito’ español ha sido congelar los costes laborales unitarios –que incluyen salarios pero también otras partidas como cotizaciones sociales– durante cuatro años consecutivos, estabilizándolos en 21 euros/hora, a pesar de que el mayor desempleo tiende a aumentar al alza este índice, como sucedió en el comienzo de la crisis. Se ha aplicado así la “devaluación infernal”, advertida ya en 2010, realizada mediante el estrangulamiento de los salarios a falta de la devaluación de la moneda que ningún país puede plantearse hacer en el contexto del euro.

Junto a otras políticas de restricción salarial como las derivadas del fin de la ultraactividad de los convenios, el Gobierno ha puesto en funcionamiento una serie de incentivos para la contratación. Desde marzo de 2015 declaró exentos de cotización los primeros 500 euros de salario mensual en los contratos indefinidos iniciales en una medida que profundizó la tarifa plana de cien euros para las nuevas contrataciones. Como explicó en Diagonal la profesora de Derecho de la Seguridad Social Isabel Otxoa, “la disminución de los fondos de la Seguridad Social por la vía de la rebaja de los tipos de cotización y las bonificaciones de cuotas constituye un campo de recortes que está pasando inadvertido”.

La novedad es que la Comisión Europea duda de que estas medidas hayan tenido relación con el incremento de la contratación. Así lo reseñan en su informe sobre España: “Los efectos de estas bonificaciones para fomentar la creación de puestos de trabajo con contratos indefinidos siguen siendo poco claros y los costes asociados a estas medidas en términos de ingresos de la Seguridad Social pueden no quedar compensados por los mayores niveles de empleo”.

Como señalaba el grupo de Economistas frente a la Crisis citando el informe de la Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal, éste reconoce implícitamente que las pensiones no se van a revalorizar hasta 2021, lo que, ante un previsible aumento de la inflación, puede, según Economistas frente a la Crisis, suponer una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas de cerca del 10% en los próximos seis años.

Personas en situación de riesgo

Las instituciones europeas advierten del importante peso del desempleo crónico en España. Más del 50% de las personas que buscan trabajo llevan más de un año en el paro. El porcentaje de parados de muy larga duración, más de dos años sin empleo, ascendió desde 2014 hasta 2015 del 33,9 % al 34,6 %.

Las principales afectadas de esta cronificación del paro han vuelto a ser las mujeres, tras un pequeño paréntesis al comienzo de la crisis, cuando los extrabajadores de la construcción reventaron las cifras de desempleo. Ocho años después del estallido de la crisis, España ha pasado de tener 467.000 parados de larga duración a 2.609.000.

Estos datos señalan sólo a medias otra de las características de las oscilaciones entre recesiones y estancamiento en las que ha entrado el Estado español. Porque, junto con los parados crónicos, ha aumentado el porcentaje de trabajadores en situación de pobreza. El principal motivo de ese incremento es el aumento de la contratación temporal.

Según la Comisión Europea, en 2014 un 23% de los contratados temporales se encontraban en riesgo de pobreza, frente al 15% del resto de la UE. Ese año, los investigadores del Barómetro Social de España denunciaban en un artículo el “maquillaje” de los datos oficiales sobre salarios del Instituto Nacional de Estadística, que no incluye en su Encuesta de Estructura Salarial a varias categorías de trabajadores con bajos salarios –como empleadas de Hogar, agricultoras o pescadores–.

Una clave oculta de los números que Rajoy ha mostrado en Europa es la destrucción de empresas continuada

Aún con los trucos estadísticos expuestos por los promotores del Barómetro Social, el aumento del porcentaje de la población que cobra menos –hasta un 13% de asalariados que no llegan al salario mínimo– se ha producido a costa del porcentaje de sueldos intermedios. Por el contrario, los tramos más altos han aumentado desde que el pontevedrés es presidente.

Las principales razones de este auge de los “trabajadores pobres” son la mayor temporalidad y el aumento del número de trabajadoras a tiempo parcial del 14,5 % en 2012 al 15,6 % en 2015. Este tipo de contratación es mucho más habitual en mujeres aunque la modalidad parcial no sea elegida voluntariamente.

Como resultado, el porcentaje de población en riesgo de pobreza es el más alto después del de Rumanía –si bien el umbral de la pobreza es mucho más elevado, como corresponde a los más altos salarios–. Junto a esta depauperación de las condiciones laborales, la propia Comisión Europea reconoce las consecuencias negativas de los recortes en “servicios de cuidados de larga duración” (Dependencia) y arroja estadísticas explícitas, como que el 17% de las abuelas prestan “cuidados intensivos” a sus nietos y nietas. En Alemania y Francia esa cifra no pasa del 8%.

El contexto internacional

No hay que olvidar que la carta de Rajoy a Juncker tenía una causa principal. Pese a todos los ajustes y reformas, España no ha cumplido su objetivo de déficit. En 2015, el desequilibrio presupuestario se situó en el 5,08% del PIB, lo que justifica también que la deuda pública siga al alza.

En su informe sobre España, la Comisión Europea considera que en la próxima década será imposible bajar la deuda pública del 92%. Como señala Daniel Albarracín, junto al impacto que el pago de la deuda tiene sobre los presupuestos generales, el principal efecto que tiene ésta es la mayor dependencia del conjunto de acreedores internacionales y nacionales. El “respiro” que han supuesto las políticas de expansión cuantitativa (QE) del BCE es el resultado del cambio de actitud del BCE y sus programas de compras masivas de activos, que han devuelto la liquidez a los bancos y hecho fluir tímidamente el crédito, pero que no han devuelto la inversión a los ritmos de antes de las crisis, ni siquiera con el apoyo que ha supuesto el Plan Juncker.

Albarracín recuerda que las políticas de flexibilización cuantitativa sirven para evitar el desplome de la economía, “pero es incapaz de animar la inversión, y en un contexto de bajas tasas de rentabilidad, tampoco impedirá nuevas recesiones y la tendencia deflacionaria”.

Este economista cree que “mientras no haya una regulación del sistema bancario para garantizar la función social del crédito y su capacidad de generar dinero mediante el mecanismo de la deuda, la política monetaria ultraexpansiva en vigor sólo servirá parasocializar las deudas privadas del sistema financiero. El traspaso de deuda privada a las cuentas públicas no ha rebajado la vulnerabilidad de la economía española respecto al exterior, apunta Antonio Sanabria.

El ‘éxito’ español ha sido congelar los costes laborales unitarios durante cuatro años consecutivos

El sistema productivo español, atado a los combustibles fósiles como toda Europa, como recuerda este economista, unidos a problemas como el envejecimiento de la población –y las necesidades a nivel de cuidados y de financiación de las pensiones– junto a la débil demanda global, sitúa al próximo Gobierno español en una fina línea entre el optimismo presente y las difíciles perspectivas –las del estancamiento y retroceso de derechos– que se plantean para la economía mundial.

De cara al próximo Gobierno, quedan dos vías o mantener la reforma laboral de 2012 y realizar una reforma fiscal que redistribuya la carga tributaria, que limite los efectos de la reforma en clave electoral del PP –que ha reducido en 2.000 millones de euros la recaudación del Estado, según la Agencia Tributaria– o enfrentarse con los hombres de negro de Bruselas y con el dúo formado por Angela Merkel y Wolfgang Schäuble. Pero otros pasos son también imprescindibles, apunta Sanabria, como “enfrentar el problema del desempleo de larga duración y el rescate de los grupos sociales en situación de exclusión”.

Los nombres de Juncker, Moscovici, Jeroen Dijsselbloem (presidente del Eurogrupo), Thomas Wieser (jefe del Grupo de Trabajo del Eurogrupo) Jyrki Katainen (comisario de Asuntos Económicos y Monetarios del Eurogrupo) Martin Schulz (presidente del Parlamento Europeo)  Donald Tusk (presidente del Consejo Europeo) o Mario Draghi, presidente del BCE, no aparecerán el próximo 26 de junio en ninguna papeleta. Pero sus demandas y exigencias marcarán el límite de lo posible para cualquiera de los partidos que forme Gobierno. Plantear posibles alianzas para abrir un nuevo campo de posibilidades que revierta las políticas del shock establecidas desde 2010 es lo que realmente estará en juego el 26 de junio. Por más que los nombres de Leopoldo López y Nicolás Maduro suenen más que los de aquellos.