Thilo Schäfer | La Marea | 29 agosto 2016
Al igual que España, Portugal se escapó en julio pasado de ser sancionado por la Comisión Europea por el incumplimiento repetido del objetivo de déficit. Mientras el Gobierno conservador de Mariano Rajoy tiene plena responsabilidad de que el desfase en las cuentas públicas superase por casi un punto lo pactado con Bruselas -entre otros factores, por adelantar la rebaja fiscal-, el ejecutivo en minoría del socialista António Costa heredó el pecado del déficit de 2015 de la anterior administración de centroderecha, ya que sólo tomó posesión del cargo de primer ministro a finales de noviembre del año pasado.
En lo que va de año, hasta julio, Portugal ha reducido el déficit en 500 millones de euros, debido a que los ingresos estatales crecen más que el gasto. Aun así, los mercados, analistas y los halcones de Bruselas no quieren dar crédito a Costa, que gobierna con el apoyo del Bloco de Esquerda (Bloque de Izquierda, BE), el Partido Comunista (PCP) y los verdes del PEV. La prima de riesgo de Portugal está muy por encima de la española, a pesar de que en Madrid sólo hay un gobierno en funciones, sin apenas margen de maniobra, desde diciembre.
Los analistas e inversores dicen estar preocupados por el bajo crecimiento de la economía lusa -un 0,2% en el segundo trimestre- y lo atribuyen sin tapujos a algunas de las medidas que ha tomado el gobierno socialista, como elevar el salario mínimo. Sin embargo, lo que más preocupa a Costa es la decisión que va a tomar un pequeño grupo de analistas y expertos -la mayoría extranjeros- el 21 de octubre. Ese día la agencia de rating DBRS revisará su evaluación de la solvencia del Estado portugués. Aunque esta firma canadiense, que opera en Europa desde una sede en Londres, es bastante más pequeña que las tres grandes agencias que dominan el mercado de ratings –Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch– es la única de estas cuatro que mantiene la calificación de “investment grade” para Portugal, es decir encima de lo que se considera bono basura.
La importancia de la opinión de DBRS radica en que el Banco Central Europeo (BCE) sólo compra deuda de países que tienen este “investment grade”. En el caso luso la única de las cuatro agencias de rating reconocida por el BCE que mantiene ese calificativo es DBRS. Si el banco central dejara de comprar títulos lusos, se podría desencadenar una situación tumultuosa en los mercados.
Muchos analistas ya prevén que, en este caso, Costa tendría que pedir otra vez ayuda a Europa. Hace dos años terminó el programa del rescate internacional que supuso para los portugueses recortes durísimos. Por lo menos uno de los integrantes de aquella “troika”, el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha admitido que la receta de centrarse tanto en la reducción del gasto fue equivocada.
En agosto, los expertos de DBRS hicieron unos comentarios críticos sobre la marcha de la economía portuguesa, lo cual inmediadamente hizo subir la prima de riesgo. Ahora, están pendientes de la recapitalización del banco estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD), la mayor entidad del país.
El gobierno de Costa ha acordado con la Comisión Europea la inyección de 2.700 millones de euros de dinero público para fortalecer el balance de CGD -otra herencia del anterior ejecutivo conservador. El banco tiene que conseguir otros 1.000 millones de euros en los mercados a través de la emisión de deuda subordinada -de mayor riesgo, y por ello mayor rentabilidad para los inversores-.
Del éxito de esta emisión depende, en buena medida, el futuro inmediato del país y del ejecutivo socialista. En DBRS están muy pendientes del “apetito de los inversores” por los títulos de CGD. “Hasta que no sepamos (el resultado de la emisión), será difícil evaluar el impacto que tendrá sobre las cuentas públicas”, comentó Fergus McCormick, el director de ratings de países en DBRS.
Así que, tras todos los sacrificios que han aguantado los portugueses por la cura impuesta por la troika, vuelven a estar en manos de los mercados y un pequeño equipo de expertos de una agencia canadiense.