El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea -organismo que supervisa las finanzas de la UE- criticó la semana pasada la gestión del rescate en Hungría, Letonia, Rumanía, Irlanda y Portugal. Los rescates a Grecia y Chipre serán estudiados en informes aparte y el rescate a España no se ha auditado. Según el análisis, “la Comisión consideraba los presupuestos públicos de los países más sólidos de lo que realmente eran” y “no se encontraba preparada para gestionar la asistencia financiera cuando los países empezaron a presentar sus solicitudes”.
Ana Encinas | El Salmón Contracorriente | 1 febrero 2016
La cámara ha detectado que se trató de manera diferente a los países rescatados y que las condiciones del rescate se gestionaron de forma distinta. Para algunos gobiernos las exigencias fueron menos estrictas, lo que favoreció su cumplimiento. Al comparar países con deficiencias estructurales similares se ha detectado que las reformas exigidas no siempre eran proporcionales a los problemas afrontados. Algunos objetivos de déficit presentaban un “excesivo grado de relajación que no estaba justificado por la situación económica”.
“Con las condiciones se buscaba provocar diferentes efectos estructurales”, detalla el extenso informe. Estos efectos van desde la publicación o elaboración de determinada estrategia o plan hasta reformas legislativas que tenían que ser adoptadas en cada Parlamento -incluida la influencia en los presupuestos o la privatización de la administración local-. Sobre todo en el ámbito económico. Estas condiciones servían en unos casos como antesala de reformas más importantes y en otros “probablemente iban a provocar cambios duraderos en la economía”.
Es paradigmático el caso de Letonia y Portugal en lo que se refiere a exigencias en el cumplimiento. El programa inicial para el país letón exigía la implantación de un sistema único de gestión de los recursos humanos para las instituciones públicas. Esta condición no se cumplió, pero fue sustituida por otras condiciones que tenían un objetivo mucho más amplio y, por ello, más fácil de cumplir: preparar una estrategia para la Administración Pública.
En Portugal, sin embargo, el programa exigía la preparación de un plan de acción para reformar el sistema de pensiones por desempleo antes del final de 2011. Su principal exigencia era que se redujera la duración de las prestaciones por desempleo a 18 meses. Condición que Portugal no pudo cumplir, aunque sí bajó de 38 a 26 los meses de prestación.
Otra diferencia en el trato la encontramos en el número de condiciones impuestas: mientras a Hungría se le exigían menos de sesenta condiciones, a Portugal se le impusieron más de cuatrocientas. Al parecer, esta diferencia no puede justificarse con el argumento de que esos países no necesitasen ajustes. La investigación demuestra que países que necesitaban más reformas tenían que cumplir menos condiciones que otros con resultados mejores.
En cuanto a la vigilancia del cumplimiento de esos objetivos, la Comisión sólo informó sistemáticamente sobre el cumplimiento de las condiciones de Portugal. Lo hizo parcialmente de las de Hungría, Letonia e Irlanda y no informó sobre Rumanía. Rara vez se informó de incumplimiento, aunque se declaró abiertamente que existía.
La Comisión no estaba preparada
El Tribunal de Cuentas ha examinado si se detectaron a tiempo los riesgos presupuestarios, si se establecieron los mecanismos adecuados, si los préstamos que obtuvo la Comisión Europea fueron al mejor tipo de interés con arreglo a las buenas prácticas de emisión de deuda y si se cumplieron con los rescates los objetivos fijados.
En el informe defienden que los rescates -a los que denominan “programas de asistencia”- estaban “generalmente bien fundamentados”, aunque los procedimientos de la Comisión eran insuficientes por la falta de documentación, dado que no se validó parte de la información esencial como las estimaciones de déficit de financiación en cada territorio.
La Comisión tampoco prestó la atención suficiente a la afluencia de capital extranjero, ni a la salud de la banca pública ni privada. Además, los programas que diseñaron los recortes no contenían toda la información necesaria para comprender la realidad de cada país. Lo justifican por el contexto de crisis, “por las presiones de tiempos iniciales y porque este tipo de gestión era nuevo para la Comisión”. El Tribunal reclama un procedimiento más transparente, procedimientos de revisión “adecuados” y condiciones variables que puedan obtenerse en cortos periodos de tiempo.
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